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Aborto y audiencias públicas

A propósito de las audiencias públicas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará en torno al aborto, Martín Bonfil publica en Milenio un artículo sobre los dos puntos de vista que se enfrentan en torno a este controversial tema. En su texto arroja datos científicos que nos dan luz en este debate entre, según sus palabras, la visión mágica y el enfoque natural.

 

…hay dos maneras de abordar fenómenos tan asombrosos como el de la vida humana: una es la visión mágica (espiritual, mística… sobrenatural), que los ve como “milagros” que ocurren de pronto, y que son inexplicables y “sagrados” (en el sentido de “intocables”). El otro enfoque es el natural (racional, científico), que busca entenderlos, y que es muy confiable, pues funciona en la práctica. Estudiados así, descubrimos que estos fenómenos no aparecen de repente, sino que se desarrollan paulatinamente a través de procesos complejos.
    Los humanos nos caracterizamos por tener una mente consciente que constituye nuestro “yo”. Sin ella, no hay persona. Cuando hay muerte cerebral o coma irreversible, se considera que pueden desconectarse los aparatos que mantienen la vida sin cometer homicidio. Igualmente, hay una larga etapa en el desarrollo fetal, antes de que haya un cerebro y un sistema nervioso capaces de mantener las funciones conscientes (lo cual ocurre después de las 20 semanas), en que no puede hablarse todavía de “persona”: sólo de un organismo en desarrollo.”

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Rawls y el 2 de julio…

03-rawls-225.jpgEl 3 de julio en el diario El Universal, Fernández Santillán pública un artículo sobre Rawls y sus aportes para entender la democracia en México.

Rawls fue un filósofo norteamericano que se hizo presente en el mundo intelectual por su obra Una teoría de la justicia (1971) en la que esboza un velo de la ignorancia como aquella posición original que asegura que los acuerdos fundamentales sean imparciales, siguiendo de alguna forma lo que otros filósofos llamaron el contrato social. Básicamente en cuanto a su teoría de la Justicia Social plantea los principios que deben proveer un mecanismo que establezca derechos y deberes en las instituciones básicas de la sociedad y que definan el reparto equitativo entre beneficios y cargas de la cooperación social. Como principios básicos están, primero: que cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás. Y segundo: que las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez se espere razonablemente que sean ventajosas para todos y se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos.

Santillán describe en su artículo que la aparición (póstuma) de un libro de Rawls sobre la historia de la filosofía política, puede dar importantes elementos importantes para hablar tanto de la democracia mexicana, como para entender, a un año de la elección, lo ocurrido. Así que si les interesan estas reflexiones, no dejen de ver su artículo. Para los que les interesa la teoría de Rawls, el libro que menciona en su artículo proviene de las clases que Rawls dictó en la Universidad de Harvard y que lleva el nombre de Lectures on the History of Political Philosophy, el cual por ahora sólo esta en ingles y lo podemos adquirir en Amazon.

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Oportunidad histórica

En México, hasta hace algún tiempo, el Poder Judicial era considerado irrelevante para el quehacer político. Desde la opinión pública mostrábamos cierta reticencia a ver al Poder Judicial como un actor de facto en la vida política del país y simplemente nos preocupaba su vertiente policíaca. Sin embargo el contexto político en el que nos encontramos nos demuestra, día con día, la importancia que el Poder Judicial tiene para el país. En un Estado constitucional como lo es México, el ejercicio del poder queda supeditado al orden jurídico constitucional, y desde las reformas impulsadas en la administración de Zedillo, el Poder Judicial ha comenzado a actuar como un árbitro en las disputas políticas.

En el contexto nacional sobresale particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con su dictamen de inconstitucionalidad sobre algunos puntos de la llamada Ley Televisa. Ahora la Corte tiene en puerta dos casos de suma importancia para el país, que habrán de confirmar su peso político y su compromiso con la transición democrática de México.

En el caso Oaxaca por los hechos de represión ocurridos hace un año en contra del movimiento social encabezado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en el que la SCJN recomendó por unanimidad la conformación de una Comisión que tiene como misión investigar las violaciones a las garantías individuales que ocurrieron en el estado.

Por otra parte, el caso Lydia Cacho, a quien le fueron violadas sus garantías individuales por el gobierno de Puebla y autoridades del estado de Quintana Roo por denunciar las redes de la pederastia y sus nexos con el poder político y económico.

Lydia Caho en la Corte

Si bien en ambos casos, hasta ahora parece que la actuación de la SCJN ha sido responsable y comprometida con los derechos humanos, falta ver cómo se resuelven de manera definitiva.

La Corte ha dado grandes pasos, el más reciente fue hacer públicas sus audiencias, lo que permite mayor transparencia en sus procesos. Sin embargo falta mucho por hacer, el Poder Judicial requiere reformas de fondo. Es el momento de preguntarnos si ¿el Poder Judicial y la SCJN tienen lo necesario para jugar su mejor papel?, ¿si tienen la autonomía suficiente y la transparencia que demanda una sociedad democrática?

La Corte tiene una oportunidad histórica para mostrarse como una institución responsable, que garantiza los derechos de los ciudadanos. Puede mostrar que no podemos hablar de derechos políticos, mientras los derechos de una sola persona no sean respetados. La SCJN tiene la oportunidad de mostrar que la Constitución está para proteger a los ciudadanos y la Corte para asegurar que nadie pisotee sus derechos. Puede demostrar que ante la incompetencia de otras instancias de gobierno, ésta puede ser garante de la legalidad. La Corte tiene una oportunidad histórica, pues puede demostrar que está dispuesta a preservar las garantías de los ciudadanos y no a ser una Corte servil a los intereses económicos y políticos de unos cuantos.

Por: Jonathan Giron Palau

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Puerta abierta al ejército

El gobierno encabezado por el presidente Calderón ha declarado la guerra a los cárteles de la droga. A estas alturas, en que la violencia desatada en el país es evidente y palpable, se puede afirmar que no hay vuelta atrás. El combate al narcotráfico ha iniciado y no parece factible ni deseable un repliegue por parte del gobierno.

Sin embargo, y a pesar del gran despliegue que se ha dado, no queda claro que el gobierno de Calderón tenga una estrategia precisa a mediano y largo plazo. Si bien es el ejército quien ha sido usado como la punta de lanza en esta lucha, hasta el momento no hay indicios de que esta lucha sea integral. No se está combatiendo al narcotráfico con una estrategia multidimencional que abarque desde la prevención a las adicciones -al narco no se le ha afectado en lo referente al consumo, por el contrario la demanda se ha incrementado-, hasta un ataque a las estructuras financieras de los cárteles que busque desmantelar su poderío económico. En otras palabras el uso del ejército aparece como la única carta del gobierno.

Es cierto que las policías están infiltradas, que algunos de sus elementos han sido corrompidos y se encuentran rebasadas ante los cárteles de la droga. Sin embargo, el poder que se le está dando al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana es desproporcionado. Han pasado de tener un papel de apoyo a uno protagónico, en el que dirigien, detectan y hasta capturan —lugar que claramente le corresponde a las autoridades civiles.

Que el ejército esté en el centro del combate al narcotráfico es un error. En primer lugar porque esto sólo ataca una parte del problema, y en segundo porque deja a la institución encargada de la seguridad nacional en una posición de vulnerabilidad. Además hay que tener en cuenta que el ejército no está capacitado para tareas policíacas lo que conlleva, como ya se ha visto, un riesgo para los derechos humanos.

Militares

El gobierno debe reajustar su estrategia, atacando todos los frentes en su combate a los cárteles de las drogas. Debe fortalecer a las policías y tener claro el papel que deben jugar las fuerzas armadas, en este caso de apoyo.

Lo que está sucediendo con el ejército puede resultar peligroso. Por decreto presidencial del 9 de mayo se creó el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, con el fin de combatir al narcotráfico. Este Cuerpo servirá para “proporcionar apoyo a las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno en tareas de restauración del orden y seguridad pública.” En el decreto de creación de dicho Cuerpo, se dice que será usado para contrarrestar actos de perturbación de la paz social. Sin embargo no se define en qué casos deberá restablecer la paz social, ni qué se entiende por ésta.

Al ejército se le ha dejado al frente del combate al narcotráfico. Se le está dando un poder político que de hecho hace años no tenía. Que sea el ejército la punta de lanza en la lucha contra el narcotráfico; que se le estén dando más tareas policíacas y de inteligencia, deja la puerta abierta a que el ejército adquiera un poder de facto en la vida política de México. La entrada de las fuerzas armadas en la política y en la vida civil de un país, socava el espíritu democrático del mismo y pone en peligro los derechos de sus ciudadanos. Abrir esta puerta, es abrirle la puerta al autoritarismo de otros tiempos.

Por: Jonathan Giron Palau

Publicado en La Jornada Morelos

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